Después de las movilizaciones feministas de envergadura en demanda de la legalización del aborto en la República de Argentina y de su aprobación en el Congreso, la propuesta ha sido tumbada en el Senado por una diferencia de 16 votos. Según eso, hasta dentro de un año no podrá volver a plantearse en el país la cuestión, aunque todos saben que su aprobación llegará y que la desazón de la pasada votación de Senadores no es más que un pequeño tropiezo superable por el tiempo y la inteligencia.

Continúan los “representantes del pueblo” ejerciendo su poder para decidir lo que es legal y lo que no lo es. Para nada han servido todas las argumentaciones sobre los peligros de los abortos clandestinos que se dan en el país, de la salida de las mujeres con mayor poder adquisitivo a otros países donde no es ilegal el aborto, la gran cantidad de hijos no buscados que continúan manteniendo familias numerosas sobre todo en determinadas zonas rurales del país y en los grandes bolsones de las ciudades. Cuando los políticos son los que deciden sobre la libertad de los demás, en este caso de las mujeres, hemos de cuestionarnos su capacidad para ello. Un Senado, con un 74% de senadores hombres ya da una muestra de la reiteración de que son los hombres los que deciden lo que deben hacer o no las mujeres.

El avance de los derechos de la mujer en América Latina se va consolidando. Es cierto que poco a poco, a veces con demasiada lentitud, pero sin duda de forma irreversible la situación de la mujer continúa ganando espacios impensables solo hace unos años. Los movimientos feministas en Argentina y los grupos sociales han avanzado en su capacidad de movilización y unidad de acción que garanticen los avances necesarios en la legislación sobre estos derechos. Pero el juego democrático manda y habrán de tomar nota sobre las personas a las eligen para ocupar los espacios de decisión.

Más allá del paréntesis que supone esperar un año más para que se aborde la cuestión, la sociedad argentina mayoritariamente apoya la legalización del aborto y los políticos han de tomar nota de lo que piensan las mujeres. Si una decisión política sirve para continuar poniendo en riesgo la vida de las mujeres, favoreciendo la realización de abortos clandestinos sin medidas de seguridad, es que algo está fallando. La única solución pasa por profundizar en la movilización ciudadana y en sacar de los órganos políticos a los que viven anquilosados en decidir lo que podemos hacer con nuestra cercenada libertad.

Artículo de opinión de Francisco Pineda, experto en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y director de Paz y Desarrollo, publicado originalmente en Diario Córdoba el 11/08/2018.